lunes, 27 de agosto de 2012

El lento despertar


El gobierno quiere imponer un modelo autoritario, personalista, centralizado y estatizador, cosa que ya no disimula y que pretende perfeccionar con una reforma constitucional a su medida.

Por Juan Carlos Neves

Por Hace apenas una semana apelábamos a la necesidad de establecer  un acuerdo básico programático consistente en el compromiso de cada partido y candidato que se dice opositor a rechazar la   reforma constitucional con que el oficialismo pretende, no sólo permitir que la presidente Cristina Fernández de Kirchner pueda acceder a nuevos mandatos no autorizados por la actual carta magna, sino también modificar aspectos sustanciales del sistema de vida adoptado por la Argentina desde sus nacimiento como nación.

Fue con un sentimiento de esperanza que nos anoticiamos esta semana de la aparición de un documento en que la Unión Cívica Radical pide al resto de las agrupaciones políticas que se manifiesten con firmeza en contra de las aventuras releccionistas y de una reforma constitucional que apunta a la legalización del “autoritarismo y la soberbia”. Esta iniciativa ha recogido una rápida coincidencia  y apoyo en la mayoría de las fuerzas políticas no oficialistas con argumentos similares, provenientes de sectores tanto de centroizquierda como de centroderecha.

Ciertamente no pensamos que esta actitud recoja nuestra expresión de deseos, ni que sea fruto de las teorías telepáticas que atribuyen al pensamiento la virtud de trasmitirse de cerebro en cerebro en forma inconsciente  y omnidireccional.  Creemos en cambio que es el fruto de un lento despertar de la conciencia republicana en muchos actores políticos y sociales que comienzan a percibir el peligro que representa la materialización de la expresión “vamos por todo” a través de la cual el actual gobierno ha hecho visible su omnímoda voluntad de poder.

La reforma constitucional es, sin dudas, un objetivo de máxima que debe superar las barreras que la propia constitución, la voluntad política opositora y la opinión pública presentan a su concreción. En el camino, el gobierno promueve cada día  acciones tanto desde lo doctrinario como de lo práctico que van mostrando su naturaleza autoritaria y su voluntad estatizadora  y refractaria a la libertad, la propiedad privada, el federalismo, la pluralidad de pensamiento y la estructura social alrededor de las cuales se ha constituido y desarrollado nuestra nación. Es interesante comprobar que el gobierno oculta cada vez menos la naturaleza de sus planes sea porque se siente más impune por el poder adquirido  o más desesperado por los fracasos acumulados.

Repasemos los hechos. Recientemente la sociedad fue conmocionada por la noticia de que presidiarios que cumplen graves condenas, son sacados de las cárceles para participar de actividades vinculadas a la política oficialista. El hecho fue investigado por diputados opositores. Se evidencia la existencia de una agrupación oficialista denominada “Vatayón Militante” que realiza estas actividades con la anuencia del Jefe del Servicio Penitenciario Federal. Casi simultáneamente se toma noticia que La Cámpora, otra agrupación oficialista, realiza actividades de adoctrinamiento en diversas escuelas del país con la forma de talleres,  utilizando la figura del “Nestornauta” que es una caricatura del ex presidente Néstor Kirchner en clave de historieta. Lo notable es que  la señora presidente, lejos de negar o rechazar estas actividades, las reivindicó en forma explícita desde su atril de la Casa Rosada. Según su visión, las reacciones provienen  de viejos a quienes les molestan los jóvenes, argumento que por inconcebible  y poco  serio no requiere mayor análisis.

Me preguntaba  un apreciado amigo que sucedería si solicitáramos permiso para llevar las ideas de nuestro partido a las escuelas, haciendo referencia al antecedente de La Cámpora. Pues bien, aunque difícilmente nos autorizaran, ello no sería posible porque como muy bien señaló esta semana la Academia de Educación, la ley de educación nacional no contempla la participación en el ámbito escolar de  las organizaciones políticas con actividades partidarias y equipara los talleres de La Cámpora con  prácticas condenables, históricamente utilizadas por regímenes totalitarios para adoctrinar a la juventud. 

Estas actividades en cárceles  y escuelas no surgen  de  denuncias  promovidas por las mentes afiebradas de ninguna organización destituyente. Son, lamentablemente, actividades realizadas en forma desembozada, con apoyo oficial, avaladas personalmente por la señora presidente y si para algo han servido fue para mostrar sin medias tintas ni disimulo la verdadera naturaleza del poder que nos gobierna.

Pero hay mucho más. En un acto público la señora Presidente homenajeó a Envar el Kadri, fundador de la banda criminal autodenominada Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) y autor  y responsable de atentados terroristas y asesinatos. Este tipo de homenajes, cualquiera sea su motivación, representa una apología del terrorismo y la violencia, de naturaleza insólita al provenir de la máxima autoridad  de un Estado democrático. En este contexto, no sorprende la denuncia de la muerte de 168 militares acusados de delitos de lesa humanidad, detenidos durante años sin condena, mal atendidos de las enfermedades propias de su avanzada edad, con pleno desinterés por sus derechos humanos evidenciado por parte de quienes los enviaron a las cárceles en nombre de tales derechos.

Quizás la más clara y patética demostración de como percibe parte de la sociedad la naturaleza del gobierno, la dio el director de cine Eliseo Subiela al  ser denunciado públicamente por el Jefe de la AFIP  luego de que hiciera pública su protesta porque le negaron las divisas necesarias para realizar su actividad en el extranjero. Se equivocan al hacerme esto a mí, dijo, porque yo no soy un enemigo ni un opositor, “yo fui montonero”.  Claramente, no es el mensaje de un ciudadano que se dirige  en defensa de sus derechos a las autoridades de un  gobierno democrático sino la de un montonero que apela a su condición de miembro de la banda, ante quienes identifica como sus pares.

Si estas cuestiones asustan a la sociedad por la amenaza que perciben a su libertad y a sus derechos ciudadanos del mismo modo se acrecienta la preocupación por los avances sobre el derecho de propiedad, el de ejercer toda industria lícita y  la libertad de tránsito por la sucesión de leyes  y proyectos que surgen del oficialismo.

En breve tiempo, representantes gubernamentales anunciaron y desmintieron la voluntad de inhibir las barreras arquitectónicas que producen áreas de esparcimiento privadas en barrios cerrados y “countries” y dejaron trascender  un plan oficial que facilita las expropiaciones de terrenos privados. También se conoció la creación de un nuevo marco regulatorio de la actividad eléctrica por el cual será el gobierno quien fije la ganancia que podrá tener cada empresa del sector teniendo en cuenta sus costos de producción. Curiosa inversión de la historia. Durante el gobierno de Carlos Menem, las empresas de servicios públicos en manos del Estado eran desfinanciadas para tornarlas inviables y luego privatizadas absorbiendo dicho Estado los pasivos y las  indemnizaciones por despidos.  En el gobierno de los Kirchner, las empresas de servicios públicos privadas son desfinanciadas y tornadas inviables por congelamiento de tarifas que las hacen dependientes de los subsidios hasta que el Estado toma de una forma u otra su control. En el medio de las manipulaciones hechas para satisfacer la ideología política de turno quedan atrapados la eficiencia, los usuarios y la credibilidad del Estado.

Como demostración suprema de la manipulación, esta semana la Cámara de Diputados consumó la expropiación de la ex Ciccone en una sesión en que fue duramente cuestionada la figura del Vicepresidente Amado Boudou. La causa formal que adujo el gobierno para intervenir y luego declarar de utilidad pública esta imprenta es su incapacidad de producir la cantidad de billetes necesarios con los medios disponibles en la Casa de la Moneda. Esto revela, en primer lugar, el nivel de la negada inflación que multiplica la cantidad de billetes en forma inusitada y la falta de seriedad del gobierno al no acuñar billetes de valor superior para pretender seguir disimulando esa inflación. También revela su imprevisión, al no haber adquirido la maquinaria necesaria luego de nueve años de gobierno. Finalmente muestra su estilo y naturaleza al apropiarse por expropiación de  medios privados para satisfacer sus necesidades creando un clima de total  desazón y desconfianza empresarial. Al igual que en el caso de YPF, la ley fue enviada al Congreso luego de intervenir la empresa en forma contraria a derecho y sin fijar previamente el valor de la expropiación como indica la Constitución.  El hecho de que la empresa se expropia sin que la justicia haya podido determinar quienes son sus dueños y que a pesar de ello estuviera cumpliendo un contrato convenido con el Estado permitió exponer la presunción de muchos legisladores de que el verdadero dueño en las sombras no es otro que el mismo Vicepresidente, situación que deberá ser tratada por la justicia. El caso, en su conjunto, es una verdadera vergüenza nacional que nuevamente fue votada sin fisuras por el oficialismo e incluso por algunos opositores, quienes inexplicablemente dijeron sentirse atados por haber presentado proyectos similares en el pasado, pretendiendo ignorar que ahora estaban ante una maniobra burda del oficialismo por ocultar errores y situaciones cuestionables.

Lo importante es que ahora todo  está claro. El gobierno quiere imponer un modelo autoritario, personalista, centralizado y estatizador, cosa que ya no disimula y que pretende perfeccionar con una reforma constitucional a su medida. Gran parte de la sociedad ya lo advirtió y ha comenzado lentamente a despertar y a presentar un frente desde los gobernadores que reclaman por su coparticipación, pasando por los partidos políticos que están consensuando un compromiso que evite que los vayan cooptando y presionando en forma individual y finalizando con grupos sindicales que ya no quieren jugar de sostén de un modelo que los castiga con la inflación y el sometimiento. En sus propias palabras “para el gobierno quienes no son esclavos son enemigos”.

Pues bien, nos sumamos a los que no quieren ser esclavos. Esperemos ser legión y poder demostrarlo en las próximas elecciones que serán históricas para defender nuestros derechos y libertades.

Juan Carlos Neves, Presidente de Nueva Unión Ciudadana

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