El gobierno quiere imponer un modelo autoritario,
personalista, centralizado y estatizador, cosa que ya no disimula y que
pretende perfeccionar con una reforma constitucional a su medida.
Por Juan Carlos
Neves
Por Hace apenas una semana apelábamos a la necesidad de
establecer un acuerdo básico
programático consistente en el compromiso de cada partido y candidato que se
dice opositor a rechazar la reforma
constitucional con que el oficialismo pretende, no sólo permitir que la
presidente Cristina Fernández de Kirchner pueda acceder a nuevos mandatos no
autorizados por la actual carta magna, sino también modificar aspectos
sustanciales del sistema de vida adoptado por la Argentina desde sus nacimiento
como nación.
Fue con un sentimiento de esperanza que nos anoticiamos
esta semana de la aparición de un documento en que la Unión Cívica Radical pide
al resto de las agrupaciones políticas que se manifiesten con firmeza en contra
de las aventuras releccionistas y de una reforma constitucional que apunta a la
legalización del “autoritarismo y la soberbia”. Esta iniciativa ha recogido una
rápida coincidencia y apoyo en la
mayoría de las fuerzas políticas no oficialistas con argumentos similares,
provenientes de sectores tanto de centroizquierda como de centroderecha.
Ciertamente no pensamos que esta actitud recoja nuestra
expresión de deseos, ni que sea fruto de las teorías telepáticas que atribuyen
al pensamiento la virtud de trasmitirse de cerebro en cerebro en forma inconsciente y omnidireccional. Creemos en cambio que es el fruto de un lento
despertar de la conciencia republicana en muchos actores políticos y sociales
que comienzan a percibir el peligro que representa la materialización de la
expresión “vamos por todo” a través de la cual el actual gobierno ha hecho
visible su omnímoda voluntad de poder.
La reforma constitucional es, sin dudas, un objetivo de
máxima que debe superar las barreras que la propia constitución, la voluntad
política opositora y la opinión pública presentan a su concreción. En el
camino, el gobierno promueve cada día
acciones tanto desde lo doctrinario como de lo práctico que van
mostrando su naturaleza autoritaria y su voluntad estatizadora y refractaria a la libertad, la propiedad
privada, el federalismo, la pluralidad de pensamiento y la estructura social
alrededor de las cuales se ha constituido y desarrollado nuestra nación. Es
interesante comprobar que el gobierno oculta cada vez menos la naturaleza de
sus planes sea porque se siente más impune por el poder adquirido o más desesperado por los fracasos
acumulados.
Repasemos los hechos. Recientemente la sociedad fue
conmocionada por la noticia de que presidiarios que cumplen graves condenas,
son sacados de las cárceles para participar de actividades vinculadas a la
política oficialista. El hecho fue investigado por diputados opositores. Se
evidencia la existencia de una agrupación oficialista denominada “Vatayón
Militante” que realiza estas actividades con la anuencia del Jefe del Servicio
Penitenciario Federal. Casi simultáneamente se toma noticia que La Cámpora,
otra agrupación oficialista, realiza actividades de adoctrinamiento en diversas
escuelas del país con la forma de talleres,
utilizando la figura del “Nestornauta” que es una caricatura del ex
presidente Néstor Kirchner en clave de historieta. Lo notable es que la señora presidente, lejos de negar o
rechazar estas actividades, las reivindicó en forma explícita desde su atril de
la Casa Rosada. Según su visión, las reacciones provienen de viejos a quienes les molestan los jóvenes,
argumento que por inconcebible y
poco serio no requiere mayor análisis.
Me preguntaba un
apreciado amigo que sucedería si solicitáramos permiso para llevar las ideas de
nuestro partido a las escuelas, haciendo referencia al antecedente de La
Cámpora. Pues bien, aunque difícilmente nos autorizaran, ello no sería posible
porque como muy bien señaló esta semana la Academia de Educación, la ley de
educación nacional no contempla la participación en el ámbito escolar de las organizaciones políticas con actividades
partidarias y equipara los talleres de La Cámpora con prácticas condenables, históricamente
utilizadas por regímenes totalitarios para adoctrinar a la juventud.
Estas actividades en cárceles y escuelas no surgen de
denuncias promovidas por las
mentes afiebradas de ninguna organización destituyente. Son, lamentablemente,
actividades realizadas en forma desembozada, con apoyo oficial, avaladas
personalmente por la señora presidente y si para algo han servido fue para
mostrar sin medias tintas ni disimulo la verdadera naturaleza del poder que nos
gobierna.
Pero hay mucho más. En un acto público la señora
Presidente homenajeó a Envar el Kadri, fundador de la banda criminal
autodenominada Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) y autor y responsable de atentados terroristas y
asesinatos. Este tipo de homenajes, cualquiera sea su motivación, representa
una apología del terrorismo y la violencia, de naturaleza insólita al provenir
de la máxima autoridad de un Estado
democrático. En este contexto, no sorprende la denuncia de la muerte de 168
militares acusados de delitos de lesa humanidad, detenidos durante años sin
condena, mal atendidos de las enfermedades propias de su avanzada edad, con
pleno desinterés por sus derechos humanos evidenciado por parte de quienes los
enviaron a las cárceles en nombre de tales derechos.
Quizás la más clara y patética demostración de como
percibe parte de la sociedad la naturaleza del gobierno, la dio el director de
cine Eliseo Subiela al ser denunciado
públicamente por el Jefe de la AFIP
luego de que hiciera pública su protesta porque le negaron las divisas
necesarias para realizar su actividad en el extranjero. Se equivocan al hacerme
esto a mí, dijo, porque yo no soy un enemigo ni un opositor, “yo fui
montonero”. Claramente, no es el mensaje
de un ciudadano que se dirige en defensa
de sus derechos a las autoridades de un
gobierno democrático sino la de un montonero que apela a su condición de
miembro de la banda, ante quienes identifica como sus pares.
Si estas cuestiones asustan a la sociedad por la amenaza
que perciben a su libertad y a sus derechos ciudadanos del mismo modo se
acrecienta la preocupación por los avances sobre el derecho de propiedad, el de
ejercer toda industria lícita y la
libertad de tránsito por la sucesión de leyes
y proyectos que surgen del oficialismo.
En breve tiempo, representantes gubernamentales
anunciaron y desmintieron la voluntad de inhibir las barreras arquitectónicas
que producen áreas de esparcimiento privadas en barrios cerrados y “countries”
y dejaron trascender un plan oficial que
facilita las expropiaciones de terrenos privados. También se conoció la
creación de un nuevo marco regulatorio de la actividad eléctrica por el cual será
el gobierno quien fije la ganancia que podrá tener cada empresa del sector
teniendo en cuenta sus costos de producción. Curiosa inversión de la historia.
Durante el gobierno de Carlos Menem, las empresas de servicios públicos en
manos del Estado eran desfinanciadas para tornarlas inviables y luego
privatizadas absorbiendo dicho Estado los pasivos y las indemnizaciones por despidos. En el gobierno de los Kirchner, las empresas
de servicios públicos privadas son desfinanciadas y tornadas inviables por congelamiento
de tarifas que las hacen dependientes de los subsidios hasta que el Estado toma
de una forma u otra su control. En el medio de las manipulaciones hechas para
satisfacer la ideología política de turno quedan atrapados la eficiencia, los
usuarios y la credibilidad del Estado.
Como demostración suprema de la manipulación, esta semana
la Cámara de Diputados consumó la expropiación de la ex Ciccone en una sesión
en que fue duramente cuestionada la figura del Vicepresidente Amado Boudou. La
causa formal que adujo el gobierno para intervenir y luego declarar de utilidad
pública esta imprenta es su incapacidad de producir la cantidad de billetes
necesarios con los medios disponibles en la Casa de la Moneda. Esto revela, en
primer lugar, el nivel de la negada inflación que multiplica la cantidad de
billetes en forma inusitada y la falta de seriedad del gobierno al no acuñar
billetes de valor superior para pretender seguir disimulando esa inflación.
También revela su imprevisión, al no haber adquirido la maquinaria necesaria
luego de nueve años de gobierno. Finalmente muestra su estilo y naturaleza al
apropiarse por expropiación de medios
privados para satisfacer sus necesidades creando un clima de total desazón y desconfianza empresarial. Al igual
que en el caso de YPF, la ley fue enviada al Congreso luego de intervenir la
empresa en forma contraria a derecho y sin fijar previamente el valor de la
expropiación como indica la Constitución.
El hecho de que la empresa se expropia sin que la justicia haya podido
determinar quienes son sus dueños y que a pesar de ello estuviera cumpliendo un
contrato convenido con el Estado permitió exponer la presunción de muchos
legisladores de que el verdadero dueño en las sombras no es otro que el mismo
Vicepresidente, situación que deberá ser tratada por la justicia. El caso, en
su conjunto, es una verdadera vergüenza nacional que nuevamente fue votada sin
fisuras por el oficialismo e incluso por algunos opositores, quienes
inexplicablemente dijeron sentirse atados por haber presentado proyectos
similares en el pasado, pretendiendo ignorar que ahora estaban ante una
maniobra burda del oficialismo por ocultar errores y situaciones cuestionables.
Lo importante es que ahora todo está claro. El gobierno quiere imponer un modelo
autoritario, personalista, centralizado y estatizador, cosa que ya no disimula
y que pretende perfeccionar con una reforma constitucional a su medida. Gran
parte de la sociedad ya lo advirtió y ha comenzado lentamente a despertar y a
presentar un frente desde los gobernadores que reclaman por su coparticipación,
pasando por los partidos políticos que están consensuando un compromiso que
evite que los vayan cooptando y presionando en forma individual y finalizando
con grupos sindicales que ya no quieren jugar de sostén de un modelo que los
castiga con la inflación y el sometimiento. En sus propias palabras “para el
gobierno quienes no son esclavos son enemigos”.
Pues bien, nos sumamos a los que no quieren ser esclavos.
Esperemos ser legión y poder demostrarlo en las próximas elecciones que serán
históricas para defender nuestros derechos y libertades.
Juan Carlos Neves, Presidente de Nueva Unión Ciudadana
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