Perturbados, desordenados, perdidos e incoherentes, los voceros del
oficialismo trataron inútilmente de ocultar el impacto profundo que las marchas
del 13 de Septiembre causaron en su ánimo.
Por Juan Carlos Neves
Sumidos en la confusión, algunos pretendieron discutir el número y el
alcance de las manifestaciones que se desarrollaron en todo el país, otros,
como los ministros Abal Medina y De Vido optaron por un ataque frontal acusando
a los ciudadanos de invocar “consignas de odio, descalificación e impotencia”.
Hubo quienes expresaron su “asco y repugnancia” como Hebe de Bonafini y quien
advirtió que “también sabían ganar la calle
y lo iban a hacer” como el
Secretario de Cultura, Jorge Coscia. Pero no hubo caso, no había manera de
disimular el daño y la señora presidente prefirió omitir toda referencia
pública probablemente convencida de la inutilidad de cualquier intento.
¿Qué fue lo que desestabilizó la enorme y entrenada estructura
comunicacional del gobierno hasta el punto de sumirla en un evidente
estado de confusión? Seguramente el factor determinante surgió de la naturaleza
de la manifestación, sin líderes, sin logística, sin transporte y sin
discursos. Expresión pura de ciudadanía, desorganizada pero contundente en su
muestra de disconformidad. Fue imposible señalar a un sector como el oculto
conspirador “destituyente” y solo quedaron para atacar cientos de miles de ciudadanos,
unidos por el hartazgo de una forma de gobernar avasallante y de sus consecuencias, pero ajenos a un
movimiento político definido.
La idea de lanzar una contramarcha quedó rápidamente desechada. El fin
de semana expresé en un reportaje radial cuanto me sorprendería que el gobierno
fuera capaz de convocar una cantidad similar de manifestantes en su apoyo por
amor al “modelo”, sin micros escolares que los transporten, viandas,
escenarios, micrófonos, números musicales gratis y toda la parafernalia que se
despliega para arrastrar clientes a los actos oficiales. Obviamente no
aceptaron el desafío. La demostración del oficialismo quedará para alguna
conmemoración política que les permita trabajar con los fondos públicos y las
masas traídas del conurbano movidas por los intendentes y los sindicalistas que
aun reportan al gobierno. Quizás esta evidencia le permita al ministro Abal
Medina entender el concepto de “espontaneidad” que tanto le cuesta asumir.
Pero la confusión del oficialismo
no se limita al desconcierto generado por la manifestación del 13 de
Septiembre. Día a día se van sumando problemas que reflejan una declinación
evidente que no surge de la actividad deliberada de una oposición orgánica sino
que son consecuencia de la acumulación de errores y engaños que comienzan a
desbordar la capacidad estatal de enmienda, disimulos y tergiversación.
El transporte por ferrocarril es una de las áreas paradigmáticas. Desde
la tragedia aun no esclarecida de la estación de Once, que produjo decenas de
muertos y centenares de heridos, no han cesado las malas noticias sobre el
funcionamiento de los ferrocarriles. En esta semana descarrilaron en el
Sarmiento dos formaciones en el mismo día, hubo paros motivados por la falta de
seguridad que afectó a guardas del tren y por la retirada de formaciones que
recargan el servicio. Florencio Randazzo, Ministro del Interior devenido en
Ministro de Transporte sin conocimiento ni experiencia en el área, realiza
patéticos anuncios sin poder disimular la impotencia y el desconcierto que
impera en su ámbito. Un día anuncia obras, otro multa a las operadoras, luego
las suspensiones de servicios nocturnos y ahora la presencia de gendarmes para
custodiar estaciones que fueron anteriormente desprotegidas. Lo concreto es que
cada día los trenes funcionan peor y que el riesgo para los usuarios se suma a
las condiciones lamentables en que opera el servicio. Para ganar credibilidad
el ministro debería comenzar por reconocer que en nueve años de malgastar
subsidios sin realizar mantenimiento, el estado de deterioro de los trenes
urbanos ha llegado a un punto tal que no tiene solución inmediata. Los
responsables de tamaño desatino deberían recibir severas sanciones y la tarea
de reconstrucción debería ponerse en manos idóneas. En cambio, vivimos la lenta
e ineludible marcha hacia un colapso anunciado.
La cuestión de la credibilidad no es un tema menor y su pérdida se va incrementando en el plano interno y el
internacional. Los organismos internacionales han tenido una enorme paciencia
para postergar críticas y sanciones por temas muy sensibles como las
inorgánicas trabas a las importaciones y la imprecisión de las estadísticas.
Este último tema motivó esta semana una
suerte de ultimátum del Fondo Monetario Internacional (del cual somos socios)
que exige al gobierno argentino que en tres meses, aplique correcciones para
mejorar la calidad de las estadísticas en materia de inflación y crecimiento
económico. Este es un tema que venimos arrastrando de años. Permite a la señora
presidente y a sus ministros anunciar
aumentos de sueldos nominalmente extraordinarios pero que en la práctica
apenas permiten cubrir el deterioro de la moneda. Distorsiona a la baja el
valor de la inflación pero infla el crecimiento del PBI afectando a los instrumentos
que utilizan esos índices para el pago de intereses. El método utilizado
internamente para acallar las críticas ha sido la sanción a las consultoras que
expresaban datos diferentes a los oficiales y la suspensión de los índices
provinciales. El último exabrupto del Secretario Guillermo Moreno ha sido
expulsar de una reunión a la Presidente de una Asociación de Defensa de los
Consumidores porque lo interrumpió sin permiso, pero esas actitudes no
solucionan el problema de la inflación y no sirven en el ámbito internacional,
de modo que el tiempo de la impunidad para el engaño comienza a acortarse.
El nuevo presupuesto presentado por el Ministro Lorenzino insiste en
anticipar una inflación del 10,8 por ciento sin posibilidad alguna de
verosimilitud ante un crecimiento programado del gasto público del 24 por
ciento anual. La nación recurre sin ocultarlo
a los fondos del Banco Central para cubrir sus necesidades financieras y
a quitar fondos de la ANSES a los jubilados. Las provincias que no tienen esa posibilidad
presentan en su mayor parte balances deficitarios y enfrentan problemas muy severos a breve
plazo. Algunas como en el caso de Santa Cruz ya han roto lanzas con el gobierno
nacional denunciando que se pretende forzar la renuncia del gobernador por
razones políticas. Otras como la Provincia de Buenos Aires, esperan dádivas del
gobierno para paliar sus pasivos al precio de una subordinación política total.
Tres provincias gobernadas por hombres que no pertenecen al oficialismo como
Corrientes, Santa Fe y San Luis han reclamado por los fondos de coparticipación
retenidos por la nación y una sola provincia oficialista, la Córdoba del
gobernador De la Sota, se ha animado a pedir ante la justicia lo que la nación
le niega. El resto de los gobernadores del Frente para la Victoria sigue sin
animarse a ser fiel a sus gobernados y
plantarse ante un gobierno nacional que todavía especula con el temor que
produce en los mandatarios, aunque desde el 11 de Septiembre ya sabe que ese temor no llega a buena parte de los
ciudadanos.
Una de las frases más reveladoras de la confusión, en este caso de
valores, pudo leerse en un reportaje realizado al Presidente de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, Doctor Lorenzetti, en que el jurista
refiriéndose a los cambios en el Código Civil manifestó que “la fidelidad no
puede ser un deber conyugal por una cuestión de técnica jurídica, no es que
deseemos terminar con ella” En síntesis, expresa en el artículo que para evitar
los problemas en los juicios de divorcio es mejor que no haya culpables y para
ello la solución es suprimir los deberes. Es decir que subordina los valores
que el matrimonio protege, a la facilidad para aplicar la ley, lo que significa
privilegiar a los medios por sobre el fin. Es la misma lógica con la que se
impulsa despenalizar el aborto para facilitar la eliminación de los seres
humanos en gestación con menor riesgo para la abortista y sin necesidad de
acudir a la justicia o despenalizar la
droga para evitar los numerosos juicios a los consumidores. La eliminación de deberes
y responsabilidades parece ser el camino elegido para quitar trabajo y
conflictos a la justicia aunque la sociedad y sus valores morales amenacen derrumbarse.
También en el ámbito judicial encontramos esta semana dos fallos dignos
de mención que afectan a personajes públicos. Uno fue el sobreseimiento del
vicepresidente Amado Boudou, dictado por el juez Oyarbide en un tema vinculado a las erogaciones en el
acondicionamiento de su despacho y otro la opinión del fiscal Di Lello en el
caso en que el líder sindical Gerardo Martinez, afín al oficialismo, estaba
acusado de intervenir en delitos de lesa humanidad por haber integrado el
Batallón de Inteligencia 601, del ejército, durante el gobierno militar. El
fiscal opinó en el sentido de archivar el caso argumentando que “no puede
entenderse que la sola pertenencia al grupo resulte orientativa de que el
imputado participaba de los fines de la sociedad criminal”. El valor de esta
opinión, de ser aceptada, está en que significaría la liberación de numerosos
militares que están imputados acusados de delitos de lesa humanidad sin
acusaciones específicas y solo por los cargos o funciones que ocupaban, hecho
ampliamente denunciado como un abuso judicial.
La desordenada marcha del oficialismo hacia la obtención del poder total
y la vocación por cambiar hasta los cimientos de nuestras raíces culturales,
incluyendo la reforma de nuestra Constitución, está sembrando su camino de oponentes inesperados y de confusión. Ya
se han unido el líder sindical Hugo Moyano con tradición de derecha con el
líder de izquierda de la CTA, ambos relegados
de sus puestos de conducción por las maniobras del oficialismo. Los
jóvenes universitarios denuncian la creación de una Federación Universitaria
paralela a manos de la agrupación oficialista La Cámpora que no logró triunfar
por el voto en ninguna universidad. Los ciudadanos independientes preparan una
nueva marcha porque parece que el gobierno decidió ignorar los reclamos
expresados en la primera. La oposición política se organiza al menos para
oponerse a la reforma constitucional. ¿No será hora que el gobierno salga de su
confusión y asuma la necesidad de un cambio profundo en sus métodos y sus
políticas en beneficio de toda la sociedad?
Los tiempos se aceleran, los
problemas son muchos y las primarias para las elecciones del 2013 están a menos
de un año. Es tiempo de reflexión, de acallar las voces soberbias y
agresivas y de escuchar al pueblo
soberano para salir del estado de confusión.
Un abrazo para todos y la esperanza de que la primavera traiga luz a los
espíritus.
Juan Carlos Neves, Presidente de Nueva Unión Ciudadana