martes, 25 de septiembre de 2012

CONFUNDIDOS



Perturbados, desordenados, perdidos e incoherentes, los voceros del oficialismo trataron inútilmente de ocultar el impacto profundo que las marchas del 13 de Septiembre causaron en su ánimo.

Por Juan Carlos Neves

Sumidos en la confusión, algunos pretendieron discutir el número y el alcance de las manifestaciones que se desarrollaron en todo el país, otros, como los ministros Abal Medina y De Vido optaron por un ataque frontal acusando a los ciudadanos de invocar “consignas de odio, descalificación e impotencia”. Hubo quienes expresaron su “asco y repugnancia” como Hebe de Bonafini y quien advirtió que “también sabían ganar la calle  y lo iban  a hacer” como el Secretario de Cultura, Jorge Coscia. Pero no hubo caso, no había manera de disimular el daño y la señora presidente prefirió omitir toda referencia pública probablemente convencida de la inutilidad de cualquier intento.

¿Qué fue lo que desestabilizó la enorme y entrenada  estructura  comunicacional del gobierno hasta el punto de sumirla en un evidente estado de confusión? Seguramente el factor determinante surgió de la naturaleza de la manifestación, sin líderes, sin logística, sin transporte y sin discursos. Expresión pura de ciudadanía, desorganizada pero contundente en su muestra de disconformidad. Fue imposible señalar a un sector como el oculto conspirador “destituyente” y solo quedaron para atacar cientos de miles de ciudadanos, unidos por el hartazgo de una forma de gobernar avasallante  y de sus consecuencias, pero ajenos a un movimiento político definido.

La idea de lanzar una contramarcha quedó rápidamente desechada. El fin de semana expresé en un reportaje radial cuanto me sorprendería que el gobierno fuera capaz de convocar una cantidad similar de manifestantes en su apoyo por amor al “modelo”, sin micros escolares que los transporten, viandas, escenarios, micrófonos, números musicales gratis y toda la parafernalia que se despliega para arrastrar clientes a los actos oficiales. Obviamente no aceptaron el desafío. La demostración del oficialismo quedará para alguna conmemoración política que les permita trabajar con los fondos públicos y las masas traídas del conurbano movidas por los intendentes y los sindicalistas que aun reportan al gobierno. Quizás esta evidencia le permita al ministro Abal Medina entender el concepto de “espontaneidad” que tanto le cuesta asumir.

Pero la confusión del oficialismo  no se limita al desconcierto generado por la manifestación del 13 de Septiembre. Día a día se van sumando problemas que reflejan una declinación evidente que no surge de la actividad deliberada de una oposición orgánica sino que son consecuencia de la acumulación de errores y engaños que comienzan a desbordar la capacidad estatal de enmienda, disimulos y tergiversación.

El transporte por ferrocarril es una de las áreas paradigmáticas. Desde la tragedia aun no esclarecida de la estación de Once, que produjo decenas de muertos y centenares de heridos, no han cesado las malas noticias sobre el funcionamiento de los ferrocarriles. En esta semana descarrilaron en el Sarmiento dos formaciones en el mismo día, hubo paros motivados por la falta de seguridad que afectó a guardas del tren y por la retirada de formaciones que recargan el servicio. Florencio Randazzo, Ministro del Interior devenido en Ministro de Transporte sin conocimiento ni experiencia en el área, realiza patéticos anuncios sin poder disimular la impotencia y el desconcierto que impera en su ámbito. Un día anuncia obras, otro multa a las operadoras, luego las suspensiones de servicios nocturnos y ahora la presencia de gendarmes para custodiar estaciones que fueron anteriormente desprotegidas. Lo concreto es que cada día los trenes funcionan peor y que el riesgo para los usuarios se suma a las condiciones lamentables en que opera el servicio. Para ganar credibilidad el ministro debería comenzar por reconocer que en nueve años de malgastar subsidios sin realizar mantenimiento, el estado de deterioro de los trenes urbanos ha llegado a un punto tal que no tiene solución inmediata. Los responsables de tamaño desatino deberían recibir severas sanciones y la tarea de reconstrucción debería ponerse en manos idóneas. En cambio, vivimos la lenta e ineludible marcha hacia un colapso anunciado.

La cuestión de la credibilidad no es un tema menor y su pérdida  se va incrementando en el plano interno y el internacional. Los organismos internacionales han tenido una enorme paciencia para postergar críticas y sanciones por temas muy sensibles como las inorgánicas trabas a las importaciones y la imprecisión de las estadísticas. Este último tema motivó esta semana  una suerte de ultimátum del Fondo Monetario Internacional (del cual somos socios) que exige al gobierno argentino que en tres meses, aplique correcciones para mejorar la calidad de las estadísticas en materia de inflación y crecimiento económico. Este es un tema que venimos arrastrando de años. Permite a la señora presidente y a sus ministros anunciar  aumentos de sueldos nominalmente extraordinarios pero que en la práctica apenas permiten cubrir el deterioro de la moneda. Distorsiona a la baja el valor de la inflación pero infla el crecimiento del PBI afectando a los instrumentos que utilizan esos índices para el pago de intereses. El método utilizado internamente para acallar las críticas ha sido la sanción a las consultoras que expresaban datos diferentes a los oficiales y la suspensión de los índices provinciales. El último exabrupto del Secretario Guillermo Moreno ha sido expulsar de una reunión a la Presidente de una Asociación de Defensa de los Consumidores porque lo interrumpió sin permiso, pero esas actitudes no solucionan el problema de la inflación y no sirven en el ámbito internacional, de modo que el tiempo de la impunidad para el engaño comienza a acortarse.

El nuevo presupuesto presentado por el Ministro Lorenzino insiste en anticipar una inflación del 10,8 por ciento sin posibilidad alguna de verosimilitud ante un crecimiento programado del gasto público del 24 por ciento anual. La nación recurre sin ocultarlo  a los fondos del Banco Central para cubrir sus necesidades financieras y a quitar fondos de la ANSES a los jubilados. Las provincias que no tienen esa posibilidad presentan  en su  mayor parte balances deficitarios  y enfrentan problemas muy severos a breve plazo. Algunas como en el caso de Santa Cruz ya han roto lanzas con el gobierno nacional denunciando que se pretende forzar la renuncia del gobernador por razones políticas. Otras como la Provincia de Buenos Aires, esperan dádivas del gobierno para paliar sus pasivos al precio de una subordinación política total. Tres provincias gobernadas por hombres que no pertenecen al oficialismo como Corrientes, Santa Fe y San Luis han reclamado por los fondos de coparticipación retenidos por la nación y una sola provincia oficialista, la Córdoba del gobernador De la Sota, se ha animado a pedir ante la justicia lo que la nación le niega. El resto de los gobernadores del Frente para la Victoria sigue sin animarse  a ser fiel a sus gobernados y plantarse ante un gobierno nacional que todavía especula con el temor que produce en los mandatarios, aunque desde el 11 de Septiembre ya sabe  que ese temor no llega a buena parte de los ciudadanos.

Una de las frases más reveladoras de la confusión, en este caso de valores, pudo leerse en un reportaje realizado al Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Doctor Lorenzetti, en que el jurista refiriéndose a los cambios en el Código Civil manifestó que “la fidelidad no puede ser un deber conyugal por una cuestión de técnica jurídica, no es que deseemos terminar con ella” En síntesis, expresa en el artículo que para evitar los problemas en los juicios de divorcio es mejor que no haya culpables y para ello la solución es suprimir los deberes. Es decir que subordina los valores que el matrimonio protege, a la facilidad para aplicar la ley, lo que significa privilegiar a los medios por sobre el fin. Es la misma lógica con la que se impulsa despenalizar el aborto para facilitar la eliminación de los seres humanos en gestación con menor riesgo para la abortista y sin necesidad de acudir a la justicia  o despenalizar la droga para evitar los numerosos juicios a los consumidores. La eliminación de deberes y responsabilidades parece ser el camino elegido para quitar trabajo y conflictos a la justicia aunque la sociedad y sus valores morales  amenacen derrumbarse.

También en el ámbito judicial encontramos esta semana dos fallos dignos de mención que afectan a personajes públicos. Uno fue el sobreseimiento del vicepresidente Amado Boudou, dictado por el juez Oyarbide en  un tema vinculado a las erogaciones en el acondicionamiento de su despacho y otro la opinión del fiscal Di Lello en el caso en que el líder sindical Gerardo Martinez, afín al oficialismo, estaba acusado de intervenir en delitos de lesa humanidad por haber integrado el Batallón de Inteligencia 601, del ejército, durante el gobierno militar. El fiscal opinó en el sentido de archivar el caso argumentando que “no puede entenderse que la sola pertenencia al grupo resulte orientativa de que el imputado participaba de los fines de la sociedad criminal”. El valor de esta opinión, de ser aceptada, está en que significaría la liberación de numerosos militares que están imputados acusados de delitos de lesa humanidad sin acusaciones específicas y solo por los cargos o funciones que ocupaban, hecho ampliamente denunciado como un abuso judicial.

La desordenada marcha del oficialismo hacia la obtención del poder total y la vocación por cambiar hasta los cimientos de nuestras raíces culturales, incluyendo la reforma de nuestra Constitución, está sembrando su camino  de oponentes inesperados y de confusión. Ya se han unido el líder sindical Hugo Moyano con tradición de derecha con el líder de izquierda de la CTA, ambos relegados  de sus puestos de conducción por las maniobras del oficialismo. Los jóvenes universitarios denuncian la creación de una Federación Universitaria paralela a manos de la agrupación oficialista La Cámpora que no logró triunfar por el voto en ninguna universidad. Los ciudadanos independientes preparan una nueva marcha porque parece que el gobierno decidió ignorar los reclamos expresados en la primera. La oposición política se organiza al menos para oponerse a la reforma constitucional. ¿No será hora que el gobierno salga de su confusión y asuma la necesidad de un cambio profundo en sus métodos y sus políticas en beneficio de toda la sociedad?
Los tiempos  se aceleran, los problemas son muchos y las primarias para las elecciones del 2013 están a menos de un año. Es tiempo de reflexión, de acallar las voces soberbias y agresivas  y de escuchar al pueblo soberano para salir del estado de confusión.
Un abrazo para todos y la esperanza de que la primavera traiga luz a los espíritus.

Juan Carlos Neves, Presidente de Nueva Unión Ciudadana


domingo, 16 de septiembre de 2012

Tengamos Memoria


Todo el registro fotográfico, tienen un valor testimonial, histórico, muy importante, pero he rescatado esta, que en suma, creo,  traduce el sentir general de la mayoría.

Por Edie Daniel Duré

Espero estimados compatriotas que en la próxima, del 01 de octubre, el pueblo participante y autoconvocado, recobre un poco la MEMORIA y peticiones por los valerosos hombres de armas, que sufren cautiverio en pésimas condiciones en las cárceles del pueblo de los KK y que su "único delito", fue defender las instituciones y la Patria toda, del avance Castro - marxista en la infame década del 70.

Tengamos Memoria, seamos solidarios y agradecido y habremos recobrado también parte de esa dignidad que se ha perdido en manos de estos crápulas.

El Movimiento UNISUR, "Unión de Suboficiales Retirados de las FFAA y Seg. Córdoba - Argentina (en formación), apoya todo las manifestaciones populares, que lleven a que este gobierno nefasto, reconsidere la pésima gestión que está llevando a cabo.

A Uds. Un fuerte y caluroso abrazo en Dios y la Patria.

sábado, 15 de septiembre de 2012

La verdadera naturaleza


Persiste una insondable diferencia entre el país ideal descripto por los funcionarios y el país real, que llora cotidianamente por los  robos, los accidentes y los asesinatos, en medio de una inflación que devora en pocas semanas los aumentos nominales y las esperanzas de progreso.

Por Juan Carlos Neves

A través del uso intensivo de la palabra, difundida por injustificables y prolongadas trasmisiones en “cadena nacional”, la señora presidente irrita y amenaza mientras, detrás de ella, el viceministro Kicillof pontifica y dogmatiza, el senador Aníbal Fernández humilla y agrede y el ministro Randazzo intenta explicar lo inexplicable. Todavía persiste una insondable diferencia entre el país ideal descripto por los funcionarios y el país real, que llora cotidianamente por los  robos,  los accidentes y los asesinatos, en medio de una inflación que devora en pocas semanas los aumentos  nominales y las esperanzas de progreso. Pero ahora, al menos, hay una coincidencia entre el discurso avasallante  y los actos de igual naturaleza que debe soportar la sociedad.

Después que la misma presidente homenajeara en forma pública al fundador de las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) poco podía sorprender que esta semana se festejara el día del militante montonero con la participación de múltiples agrupaciones afines al oficialismo. Dado que los Montoneros fueron una banda terrorista que cometió cientos de atentados, secuestros y asesinatos, durante la vigencia de gobiernos civiles y militares, su exaltación constituye, sin atenuantes, una auténtica apología del delito. Ya queda de lado la ficción de hablar de los “jóvenes idealistas” para reconocer la connivencia y complacencia con la acción revolucionaria de la agrupación armada, violenta, subversiva y criminal. Los montoneros pretendieron obtener el poder total por la fuerza de las armas y en ese terreno, fueron vencidos en toda la línea. Hoy, las consignas minoritarias de quienes pretendieron imponer una “patria socialista”, vuelven de la mano de un gobierno elegido democráticamente pero que avanza sin descanso sobre la división de poderes y los demás fundamentos de la república representativa y federal. 

La señora presidente expresó públicamente a sus funcionarios que no deben temer a los jueces sino solamente a Dios y agregó: “y a mi también, un poquito”. Pero no son solo los jueces y el poder judicial los que van perdiendo potestad. Los legisladores oficialistas carecen de la posibilidad de legislar y han quedado reducidos en sus funciones a convalidar los proyectos del ejecutivo, y los opositores, desde la conversión de Borocotó hasta el presente, están sometidos a las presiones y la manipulación  permanente de un poder que intenta controlarlo todo.

En una primera etapa, el gobierno arremetió contra ciertos sectores a quienes consideraba corporaciones funcionales a la “oligarquía”, tales como las fuerzas armadas, los eclesiásticos y el campo. Probado su poder, los opositores al “modelo” sintieron el peso del ataque que en forma de acusaciones judiciales borró las posibilidades electorales del candidato Enrique Olivera,  estuvo a punto de destruir a Francisco de Narváez y hoy está próximo a llevar  a juicio a Mauricio Macri. Más cercanamente y desde una posición dominante, el sector que detenta el poder en el gobierno puso bajo fuego a los posibles candidatos de su propio Frente, que como en el caso de los gobernadores Daniel Scioli y José Manuel De  la Sota cometieron la osadía de verse como presidenciables. La última etapa corresponde a la purga interna contra todo aquel que pretenda conservar la cuota de poder que su cargo conlleva, sea el Secretario de la CGT o el Gobernador de Santa Cruz. Este último, recibió esta semana el más duro embate de que se tenga noticia contra  un hombre de la propia fuerza. No solo se le dificultó la posibilidad de conseguir préstamos para pagar los salarios en la Provincia llevándola al borde del caos social, sino que se le lanzó la insólita acusación de espiar a la mismísima presidente, dislate de una magnitud tal que revela por sí mismo la voluntad destructiva y “destituyente” de quien lo formula. El problema de esta ampliación permanente del grupo de “enemigos”, que incluye a los miembros del partido justicialista que es el que le da fuerza territorial al  núcleo duro del poder, va limitando y concentrando el gobierno de  la república en tan pocas personas que algunas de ellas, como es el caso de Kicillof, ya son acusadas formalmente de incompatibilidad de funciones. Pronto, el número de enemigos será tal que el aislamiento interno del gobierno podrá compararse a la soledad internacional que sufre la Argentina en la comunidad de las naciones.

El Ministro De Vido se permitió decirles a los gobernadores que no deberían endeudarse para pagar aumentos de sueldos sino para hacer obras. Esta afirmación es acertada pero no puede sostenerse si el gobierno nacional es responsable  de una inflación superior al veinte por ciento que obliga a aumentos nominales permanentes mientras la nación se queda con los fondos coparticipables. Solo lo que retiene el estado nacional  por los fondos jubilatorios, que ya no se justifican al haber nacionalizado las AFJP, suma 4991 millones de pesos anuales en una provincia grande como Buenos Aires y 471 millones en una más pequeña como La Rioja. En vez de consejos el gobierno nacional debería repartir  justicia y defender el federalismo real dando a cada provincia lo que le corresponde. Algunas como Córdoba,  Corrientes y Santa Fe ya lo exigen judicialmente. Otras, todavía tienen  el miedo que reclama la señora presidente.

Pero no es solo  en el ámbito político en que el poder central avanza incesantemente. La acción socializante se manifiesta en el crecimiento del control de la economía, el embate contra la propiedad privada, la intromisión en los medios de comunicación y la limitación de las libertades individuales, como la de viajar al  extranjero por ejemplo. A las pruebas me remito. A la expropiación de YPF y el control del mercado hidrocarburífero siguió la semana pasada el control del área de la electricidad y esta semana el anuncio de que el Estado se queda con el 22 por ciento del espectro de la telefonía móvil. Por supuesto que nada de esto es gratis. En el caso de la telefonía el Estado tendrá que aportar alrededor de 2000 millones de dólares en lugar de percibir los 300 millones que estaban previstos en la licitación. En el caso de  YPF aun estamos tratando de encontrar quien financie los enormes costos de la explotación de los yacimientos no convencionales. Pero toda racionalidad parece perder importancia ante la sacralización de  la ideologización de un modelo que hasta hace poco era indefinible y que ahora va tomando la forma de un viejo y superado sistema de control centralizado de la economía que ya fracasó desde la Unión Soviética hasta Cuba. Y este viejo esperpento parece  ser lo que   el gobierno  tiene reservado para enamorar  a los jóvenes  a quienes pretende hacer votar desde los 16 años. ¡Tremendo contrasentido!

Ese proyecto de voto juvenil merece un análisis específico. En ciencias políticas nos enseñan que las políticas públicas surgen de la agenda social que es la que incluye los temas que preocupan a la sociedad, de la agenda pública que es la que tratan los medios y de la agenda política que es la que interesa al gobierno de turno. Un gobierno digno se aboca principalmente a la agenda social, uno acomodaticio a la agenda pública  y uno egoísta se centra en la agenda política. Pues bien, allí estamos.
El debate sobre el voto juvenil es un debate innecesario porque no surge de reclamo social alguno sino exclusivamente de la especulación política del gobierno que aspira a adoctrinar a sectores de la juventud a partir de la acción de La Cámpora en los colegios  e impulsar la concurrencia  a las urnas de esos grupos en forma voluntaria. Aunque el modelo que se ofrece es obsoleto y poco atractivo, el despliegue de medios y recursos lo hace viable  y la obediencia legislativa oficialista  lo hará posible. No  dejamos de notar que los sectores políticos socialistas apoyan este proyecto del gobierno y otros de similar tenor porque en el fondo también responden a su plataforma. No parecen o no quieren advertir que el apoyo  se da en el marco de un proceso de avance sobre las instituciones al que consciente o inconscientemente favorecen. Una vez más dejan que la ideología predomine sobre los intereses sociales y nacionales.

Un referente del conurbano nos comentaba que todas las agrupaciones que responden al gobierno (La Cámpora, Kolina, etc, etc,) llegan a la población con una abundancia de recursos y de medios que deja desairados a todas las corrientes opositoras que solo poseen la fuerza de la palabra  y de la esperanza. Sin embargo, hay un factor que comienza a abrir los ojos y oídos de los ciudadanos. Es el fracaso de las políticas gubernamentales producto de sus propias limitaciones para solucionar los verdaderos problemas sociales. Los trenes que descarrilan, se atrasan y se incendian muestran las consecuencias de la corrupción y la falta de preocupación por el mantenimiento. Los millones de hectáreas inundadas en la provincia de Buenos Aires nos hablan  del descuido de la obra pública. Las marchas contra la inseguridad que reúnen a miles de ciudadanos, como la que se produjo esta semana en Lanús, no pueden ser ocultadas. Como tampoco pueden  esconderse los ataques a la propiedad privada  y la acción de las bandas armadas cuando tienen como consecuencia la pérdida de vidas como sucedió en Humahuaca. Hay una correspondencia inescindible entre la ideología del “modelo” revolucionario en curso, el avance de la delincuencia  y los ataques contra la propiedad privada. Poner al delincuente  y al violento como víctima social con derecho a la agresión impune es parte de una visión enfermiza, antisocial y plenamente asumida por este gobierno.

Siento en este punto la necesidad de brindar un reconocimiento a dos periodistas amigos, Francisco Borello y Luis Quiroga, quienes desde los medios alternativos a su alcance hace años que venían advirtiendo acerca del carácter socializante  y chavista del modelo gubernamental a despecho de ser muchas veces ignorados o acusados de alarmistas. Hoy ya caben pocas dudas de cual es la tendencia de un gobierno que apela al temor y la concentración del poder hasta el punto de amenazar a la propia Constitución Nacional. Afortunadamente esta exposición de la verdadera naturaleza del gobierno, del modelo ideológico que lo impulsa  y de la personalidad autoritaria y dominante de quien lo conduce, ha llegado a tiempo para hacer despertar a las conciencias que serán puestas a prueba en las elecciones del año 2013, en que ya nadie podrá pretextar ignorancia  ni declararse prescindente a la hora de elegir entre la sumisión y la libertad.
Un abrazo para todos.

Juan Carlos Neves, Presidente de Nueva Unión Ciudadana

miércoles, 5 de septiembre de 2012

OPOSICIÓN A LA REFORMA CONSTITUCIONAL


Publicamos el Comunicado aprobado por la Junta Provincial de Gobierno de Nueva Unión Ciudadana en su reunión del martes 28 de Agosto.

COMUNICADO NUEVA UNION CIUDADANA
OPOSICIÓN A LA REFORMA CONSTITUCIONAL

La Junta Provincial de Gobierno  de Nueva Unión Ciudadana, partido con personería jurídico política en la provincia de Buenos Aires, comunica en forma pública su oposición a cualquier  reforma a la Constitución Nacional hasta que finalice el actual período presidencial en el año 2015  y muy especialmente a cualquier intento de aumentar el número de reelecciones permitidas para el cargo de Presidente  y Vicepresidente de la República Argentina

Nos sumamos así a la convocatoria efectuada por otros partidos políticos que entienden que la voluntad reformista demostrada por el oficialismo no solo apunta a una continuidad inaceptable en el ejercicio de la presidencia sino que además amenaza nuestra forma de vida, nuestra libertad y los principios sobre cuya base se constituyó nuestra nación.

Esta definición será parte de nuestra propuesta programática para las elecciones legislativas del año 2013 y un compromiso ineludible para  los candidatos de Nueva Unión Ciudadana en todas las categorías en que se presenten.

Buenos Aires, 30 de Agosto de 2012.

Juan Carlos Neves
Presidente de la Junta Provincial de Gobierno
Nueva Unión Ciudadana