martes, 25 de septiembre de 2012

CONFUNDIDOS



Perturbados, desordenados, perdidos e incoherentes, los voceros del oficialismo trataron inútilmente de ocultar el impacto profundo que las marchas del 13 de Septiembre causaron en su ánimo.

Por Juan Carlos Neves

Sumidos en la confusión, algunos pretendieron discutir el número y el alcance de las manifestaciones que se desarrollaron en todo el país, otros, como los ministros Abal Medina y De Vido optaron por un ataque frontal acusando a los ciudadanos de invocar “consignas de odio, descalificación e impotencia”. Hubo quienes expresaron su “asco y repugnancia” como Hebe de Bonafini y quien advirtió que “también sabían ganar la calle  y lo iban  a hacer” como el Secretario de Cultura, Jorge Coscia. Pero no hubo caso, no había manera de disimular el daño y la señora presidente prefirió omitir toda referencia pública probablemente convencida de la inutilidad de cualquier intento.

¿Qué fue lo que desestabilizó la enorme y entrenada  estructura  comunicacional del gobierno hasta el punto de sumirla en un evidente estado de confusión? Seguramente el factor determinante surgió de la naturaleza de la manifestación, sin líderes, sin logística, sin transporte y sin discursos. Expresión pura de ciudadanía, desorganizada pero contundente en su muestra de disconformidad. Fue imposible señalar a un sector como el oculto conspirador “destituyente” y solo quedaron para atacar cientos de miles de ciudadanos, unidos por el hartazgo de una forma de gobernar avasallante  y de sus consecuencias, pero ajenos a un movimiento político definido.

La idea de lanzar una contramarcha quedó rápidamente desechada. El fin de semana expresé en un reportaje radial cuanto me sorprendería que el gobierno fuera capaz de convocar una cantidad similar de manifestantes en su apoyo por amor al “modelo”, sin micros escolares que los transporten, viandas, escenarios, micrófonos, números musicales gratis y toda la parafernalia que se despliega para arrastrar clientes a los actos oficiales. Obviamente no aceptaron el desafío. La demostración del oficialismo quedará para alguna conmemoración política que les permita trabajar con los fondos públicos y las masas traídas del conurbano movidas por los intendentes y los sindicalistas que aun reportan al gobierno. Quizás esta evidencia le permita al ministro Abal Medina entender el concepto de “espontaneidad” que tanto le cuesta asumir.

Pero la confusión del oficialismo  no se limita al desconcierto generado por la manifestación del 13 de Septiembre. Día a día se van sumando problemas que reflejan una declinación evidente que no surge de la actividad deliberada de una oposición orgánica sino que son consecuencia de la acumulación de errores y engaños que comienzan a desbordar la capacidad estatal de enmienda, disimulos y tergiversación.

El transporte por ferrocarril es una de las áreas paradigmáticas. Desde la tragedia aun no esclarecida de la estación de Once, que produjo decenas de muertos y centenares de heridos, no han cesado las malas noticias sobre el funcionamiento de los ferrocarriles. En esta semana descarrilaron en el Sarmiento dos formaciones en el mismo día, hubo paros motivados por la falta de seguridad que afectó a guardas del tren y por la retirada de formaciones que recargan el servicio. Florencio Randazzo, Ministro del Interior devenido en Ministro de Transporte sin conocimiento ni experiencia en el área, realiza patéticos anuncios sin poder disimular la impotencia y el desconcierto que impera en su ámbito. Un día anuncia obras, otro multa a las operadoras, luego las suspensiones de servicios nocturnos y ahora la presencia de gendarmes para custodiar estaciones que fueron anteriormente desprotegidas. Lo concreto es que cada día los trenes funcionan peor y que el riesgo para los usuarios se suma a las condiciones lamentables en que opera el servicio. Para ganar credibilidad el ministro debería comenzar por reconocer que en nueve años de malgastar subsidios sin realizar mantenimiento, el estado de deterioro de los trenes urbanos ha llegado a un punto tal que no tiene solución inmediata. Los responsables de tamaño desatino deberían recibir severas sanciones y la tarea de reconstrucción debería ponerse en manos idóneas. En cambio, vivimos la lenta e ineludible marcha hacia un colapso anunciado.

La cuestión de la credibilidad no es un tema menor y su pérdida  se va incrementando en el plano interno y el internacional. Los organismos internacionales han tenido una enorme paciencia para postergar críticas y sanciones por temas muy sensibles como las inorgánicas trabas a las importaciones y la imprecisión de las estadísticas. Este último tema motivó esta semana  una suerte de ultimátum del Fondo Monetario Internacional (del cual somos socios) que exige al gobierno argentino que en tres meses, aplique correcciones para mejorar la calidad de las estadísticas en materia de inflación y crecimiento económico. Este es un tema que venimos arrastrando de años. Permite a la señora presidente y a sus ministros anunciar  aumentos de sueldos nominalmente extraordinarios pero que en la práctica apenas permiten cubrir el deterioro de la moneda. Distorsiona a la baja el valor de la inflación pero infla el crecimiento del PBI afectando a los instrumentos que utilizan esos índices para el pago de intereses. El método utilizado internamente para acallar las críticas ha sido la sanción a las consultoras que expresaban datos diferentes a los oficiales y la suspensión de los índices provinciales. El último exabrupto del Secretario Guillermo Moreno ha sido expulsar de una reunión a la Presidente de una Asociación de Defensa de los Consumidores porque lo interrumpió sin permiso, pero esas actitudes no solucionan el problema de la inflación y no sirven en el ámbito internacional, de modo que el tiempo de la impunidad para el engaño comienza a acortarse.

El nuevo presupuesto presentado por el Ministro Lorenzino insiste en anticipar una inflación del 10,8 por ciento sin posibilidad alguna de verosimilitud ante un crecimiento programado del gasto público del 24 por ciento anual. La nación recurre sin ocultarlo  a los fondos del Banco Central para cubrir sus necesidades financieras y a quitar fondos de la ANSES a los jubilados. Las provincias que no tienen esa posibilidad presentan  en su  mayor parte balances deficitarios  y enfrentan problemas muy severos a breve plazo. Algunas como en el caso de Santa Cruz ya han roto lanzas con el gobierno nacional denunciando que se pretende forzar la renuncia del gobernador por razones políticas. Otras como la Provincia de Buenos Aires, esperan dádivas del gobierno para paliar sus pasivos al precio de una subordinación política total. Tres provincias gobernadas por hombres que no pertenecen al oficialismo como Corrientes, Santa Fe y San Luis han reclamado por los fondos de coparticipación retenidos por la nación y una sola provincia oficialista, la Córdoba del gobernador De la Sota, se ha animado a pedir ante la justicia lo que la nación le niega. El resto de los gobernadores del Frente para la Victoria sigue sin animarse  a ser fiel a sus gobernados y plantarse ante un gobierno nacional que todavía especula con el temor que produce en los mandatarios, aunque desde el 11 de Septiembre ya sabe  que ese temor no llega a buena parte de los ciudadanos.

Una de las frases más reveladoras de la confusión, en este caso de valores, pudo leerse en un reportaje realizado al Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Doctor Lorenzetti, en que el jurista refiriéndose a los cambios en el Código Civil manifestó que “la fidelidad no puede ser un deber conyugal por una cuestión de técnica jurídica, no es que deseemos terminar con ella” En síntesis, expresa en el artículo que para evitar los problemas en los juicios de divorcio es mejor que no haya culpables y para ello la solución es suprimir los deberes. Es decir que subordina los valores que el matrimonio protege, a la facilidad para aplicar la ley, lo que significa privilegiar a los medios por sobre el fin. Es la misma lógica con la que se impulsa despenalizar el aborto para facilitar la eliminación de los seres humanos en gestación con menor riesgo para la abortista y sin necesidad de acudir a la justicia  o despenalizar la droga para evitar los numerosos juicios a los consumidores. La eliminación de deberes y responsabilidades parece ser el camino elegido para quitar trabajo y conflictos a la justicia aunque la sociedad y sus valores morales  amenacen derrumbarse.

También en el ámbito judicial encontramos esta semana dos fallos dignos de mención que afectan a personajes públicos. Uno fue el sobreseimiento del vicepresidente Amado Boudou, dictado por el juez Oyarbide en  un tema vinculado a las erogaciones en el acondicionamiento de su despacho y otro la opinión del fiscal Di Lello en el caso en que el líder sindical Gerardo Martinez, afín al oficialismo, estaba acusado de intervenir en delitos de lesa humanidad por haber integrado el Batallón de Inteligencia 601, del ejército, durante el gobierno militar. El fiscal opinó en el sentido de archivar el caso argumentando que “no puede entenderse que la sola pertenencia al grupo resulte orientativa de que el imputado participaba de los fines de la sociedad criminal”. El valor de esta opinión, de ser aceptada, está en que significaría la liberación de numerosos militares que están imputados acusados de delitos de lesa humanidad sin acusaciones específicas y solo por los cargos o funciones que ocupaban, hecho ampliamente denunciado como un abuso judicial.

La desordenada marcha del oficialismo hacia la obtención del poder total y la vocación por cambiar hasta los cimientos de nuestras raíces culturales, incluyendo la reforma de nuestra Constitución, está sembrando su camino  de oponentes inesperados y de confusión. Ya se han unido el líder sindical Hugo Moyano con tradición de derecha con el líder de izquierda de la CTA, ambos relegados  de sus puestos de conducción por las maniobras del oficialismo. Los jóvenes universitarios denuncian la creación de una Federación Universitaria paralela a manos de la agrupación oficialista La Cámpora que no logró triunfar por el voto en ninguna universidad. Los ciudadanos independientes preparan una nueva marcha porque parece que el gobierno decidió ignorar los reclamos expresados en la primera. La oposición política se organiza al menos para oponerse a la reforma constitucional. ¿No será hora que el gobierno salga de su confusión y asuma la necesidad de un cambio profundo en sus métodos y sus políticas en beneficio de toda la sociedad?
Los tiempos  se aceleran, los problemas son muchos y las primarias para las elecciones del 2013 están a menos de un año. Es tiempo de reflexión, de acallar las voces soberbias y agresivas  y de escuchar al pueblo soberano para salir del estado de confusión.
Un abrazo para todos y la esperanza de que la primavera traiga luz a los espíritus.

Juan Carlos Neves, Presidente de Nueva Unión Ciudadana


1 comentario:

  1. Ya arreglaron con el gobierno, y ya salieron a reprimir con Berni a la cabeza a los choferes de la línea 60, despedidos por defender sus derechos. Trabajador no reprime trabajadores.

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