Persiste
una insondable diferencia entre el país ideal descripto por los funcionarios y
el país real, que llora cotidianamente por los
robos, los accidentes y los asesinatos, en medio de una inflación que
devora en pocas semanas los aumentos nominales y las esperanzas de progreso.
Por
Juan Carlos Neves
A
través del uso intensivo de la palabra, difundida por injustificables y
prolongadas trasmisiones en “cadena nacional”, la señora presidente irrita y
amenaza mientras, detrás de ella, el viceministro Kicillof pontifica y
dogmatiza, el senador Aníbal Fernández humilla y agrede y el ministro Randazzo
intenta explicar lo inexplicable. Todavía persiste una insondable diferencia
entre el país ideal descripto por los funcionarios y el país real, que llora
cotidianamente por los robos, los accidentes y los asesinatos, en medio de
una inflación que devora en pocas semanas los aumentos nominales y las esperanzas de progreso. Pero
ahora, al menos, hay una coincidencia entre el discurso avasallante y los actos de igual naturaleza que debe
soportar la sociedad.
Después
que la misma presidente homenajeara en forma pública al fundador de las Fuerzas
Armadas Peronistas (FAP) poco podía sorprender que esta semana se festejara el
día del militante montonero con la participación de múltiples agrupaciones
afines al oficialismo. Dado que los Montoneros fueron una banda terrorista que
cometió cientos de atentados, secuestros y asesinatos, durante la vigencia de
gobiernos civiles y militares, su exaltación constituye, sin atenuantes, una
auténtica apología del delito. Ya queda de lado la ficción de hablar de los
“jóvenes idealistas” para reconocer la connivencia y complacencia con la acción
revolucionaria de la agrupación armada, violenta, subversiva y criminal. Los
montoneros pretendieron obtener el poder total por la fuerza de las armas y en
ese terreno, fueron vencidos en toda la línea. Hoy, las consignas minoritarias
de quienes pretendieron imponer una “patria socialista”, vuelven de la mano de
un gobierno elegido democráticamente pero que avanza sin descanso sobre la
división de poderes y los demás fundamentos de la república representativa y
federal.
La
señora presidente expresó públicamente a sus funcionarios que no deben temer a
los jueces sino solamente a Dios y agregó: “y a mi también, un poquito”. Pero no
son solo los jueces y el poder judicial los que van perdiendo potestad. Los
legisladores oficialistas carecen de la posibilidad de legislar y han quedado
reducidos en sus funciones a convalidar los proyectos del ejecutivo, y los
opositores, desde la conversión de Borocotó hasta el presente, están sometidos
a las presiones y la manipulación
permanente de un poder que intenta controlarlo todo.
En
una primera etapa, el gobierno arremetió contra ciertos sectores a quienes
consideraba corporaciones funcionales a la “oligarquía”, tales como las fuerzas
armadas, los eclesiásticos y el campo. Probado su poder, los opositores al
“modelo” sintieron el peso del ataque que en forma de acusaciones judiciales
borró las posibilidades electorales del candidato Enrique Olivera, estuvo a punto de destruir a Francisco de
Narváez y hoy está próximo a llevar a
juicio a Mauricio Macri. Más cercanamente y desde una posición dominante, el
sector que detenta el poder en el gobierno puso bajo fuego a los posibles
candidatos de su propio Frente, que como en el caso de los gobernadores Daniel
Scioli y José Manuel De la Sota
cometieron la osadía de verse como presidenciables. La última etapa corresponde
a la purga interna contra todo aquel que pretenda conservar la cuota de poder
que su cargo conlleva, sea el Secretario de la CGT o el Gobernador de Santa
Cruz. Este último, recibió esta semana el más duro embate de que se tenga
noticia contra un hombre de la propia
fuerza. No solo se le dificultó la posibilidad de conseguir préstamos para
pagar los salarios en la Provincia llevándola al borde del caos social, sino
que se le lanzó la insólita acusación de espiar a la mismísima presidente,
dislate de una magnitud tal que revela por sí mismo la voluntad destructiva y
“destituyente” de quien lo formula. El problema de esta ampliación permanente
del grupo de “enemigos”, que incluye a los miembros del partido justicialista
que es el que le da fuerza territorial al
núcleo duro del poder, va limitando y concentrando el gobierno de la república en tan pocas personas que
algunas de ellas, como es el caso de Kicillof, ya son acusadas formalmente de
incompatibilidad de funciones. Pronto, el número de enemigos será tal que el
aislamiento interno del gobierno podrá compararse a la soledad internacional
que sufre la Argentina en la comunidad de las naciones.
El
Ministro De Vido se permitió decirles a los gobernadores que no deberían
endeudarse para pagar aumentos de sueldos sino para hacer obras. Esta
afirmación es acertada pero no puede sostenerse si el gobierno nacional es
responsable de una inflación superior al
veinte por ciento que obliga a aumentos nominales permanentes mientras la
nación se queda con los fondos coparticipables. Solo lo que retiene el estado
nacional por los fondos jubilatorios,
que ya no se justifican al haber nacionalizado las AFJP, suma 4991 millones de
pesos anuales en una provincia grande como Buenos Aires y 471 millones en una
más pequeña como La Rioja. En vez de consejos el gobierno nacional debería
repartir justicia y defender el
federalismo real dando a cada provincia lo que le corresponde. Algunas como
Córdoba, Corrientes y Santa Fe ya lo
exigen judicialmente. Otras, todavía tienen
el miedo que reclama la señora presidente.
Pero
no es solo en el ámbito político en que
el poder central avanza incesantemente. La acción socializante se manifiesta en
el crecimiento del control de la economía, el embate contra la propiedad
privada, la intromisión en los medios de comunicación y la limitación de las
libertades individuales, como la de viajar al
extranjero por ejemplo. A las pruebas me remito. A la expropiación de
YPF y el control del mercado hidrocarburífero siguió la semana pasada el
control del área de la electricidad y esta semana el anuncio de que el Estado
se queda con el 22 por ciento del espectro de la telefonía móvil. Por supuesto
que nada de esto es gratis. En el caso de la telefonía el Estado tendrá que
aportar alrededor de 2000 millones de dólares en lugar de percibir los 300
millones que estaban previstos en la licitación. En el caso de YPF aun estamos tratando de encontrar quien
financie los enormes costos de la explotación de los yacimientos no
convencionales. Pero toda racionalidad parece perder importancia ante la
sacralización de la ideologización de un
modelo que hasta hace poco era indefinible y que ahora va tomando la forma de
un viejo y superado sistema de control centralizado de la economía que ya
fracasó desde la Unión Soviética hasta Cuba. Y este viejo esperpento parece ser lo que
el gobierno tiene reservado para
enamorar a los jóvenes a quienes pretende hacer votar desde los 16
años. ¡Tremendo contrasentido!
Ese
proyecto de voto juvenil merece un análisis específico. En ciencias políticas
nos enseñan que las políticas públicas surgen de la agenda social que es la que
incluye los temas que preocupan a la sociedad, de la agenda pública que es la
que tratan los medios y de la agenda política que es la que interesa al
gobierno de turno. Un gobierno digno se aboca principalmente a la agenda
social, uno acomodaticio a la agenda pública
y uno egoísta se centra en la agenda política. Pues bien, allí estamos.
El
debate sobre el voto juvenil es un debate innecesario porque no surge de
reclamo social alguno sino exclusivamente de la especulación política del
gobierno que aspira a adoctrinar a sectores de la juventud a partir de la
acción de La Cámpora en los colegios e
impulsar la concurrencia a las urnas de
esos grupos en forma voluntaria. Aunque el modelo que se ofrece es obsoleto y
poco atractivo, el despliegue de medios y recursos lo hace viable y la obediencia legislativa oficialista lo hará posible. No dejamos de notar que los sectores políticos
socialistas apoyan este proyecto del gobierno y otros de similar tenor porque
en el fondo también responden a su plataforma. No parecen o no quieren advertir
que el apoyo se da en el marco de un
proceso de avance sobre las instituciones al que consciente o inconscientemente
favorecen. Una vez más dejan que la ideología predomine sobre los intereses
sociales y nacionales.
Un
referente del conurbano nos comentaba que todas las agrupaciones que responden
al gobierno (La Cámpora, Kolina, etc, etc,) llegan a la población con una
abundancia de recursos y de medios que deja desairados a todas las corrientes
opositoras que solo poseen la fuerza de la palabra y de la esperanza. Sin embargo, hay un factor
que comienza a abrir los ojos y oídos de los ciudadanos. Es el fracaso de las
políticas gubernamentales producto de sus propias limitaciones para solucionar
los verdaderos problemas sociales. Los trenes que descarrilan, se atrasan y se
incendian muestran las consecuencias de la corrupción y la falta de
preocupación por el mantenimiento. Los millones de hectáreas inundadas en la
provincia de Buenos Aires nos hablan del
descuido de la obra pública. Las marchas contra la inseguridad que reúnen a
miles de ciudadanos, como la que se produjo esta semana en Lanús, no pueden ser
ocultadas. Como tampoco pueden
esconderse los ataques a la propiedad privada y la acción de las bandas armadas cuando
tienen como consecuencia la pérdida de vidas como sucedió en Humahuaca. Hay una
correspondencia inescindible entre la ideología del “modelo” revolucionario en
curso, el avance de la delincuencia y
los ataques contra la propiedad privada. Poner al delincuente y al violento como víctima social con derecho
a la agresión impune es parte de una visión enfermiza, antisocial y plenamente
asumida por este gobierno.
Siento
en este punto la necesidad de brindar un reconocimiento a dos periodistas
amigos, Francisco Borello y Luis Quiroga, quienes desde los medios alternativos
a su alcance hace años que venían advirtiendo acerca del carácter
socializante y chavista del modelo
gubernamental a despecho de ser muchas veces ignorados o acusados de
alarmistas. Hoy ya caben pocas dudas de cual es la tendencia de un gobierno que
apela al temor y la concentración del poder hasta el punto de amenazar a la
propia Constitución Nacional. Afortunadamente esta exposición de la verdadera naturaleza
del gobierno, del modelo ideológico que lo impulsa y de la personalidad autoritaria y dominante
de quien lo conduce, ha llegado a tiempo para hacer despertar a las conciencias
que serán puestas a prueba en las elecciones del año 2013, en que ya nadie
podrá pretextar ignorancia ni declararse
prescindente a la hora de elegir entre la sumisión y la libertad.
Un
abrazo para todos.
Juan
Carlos Neves, Presidente de Nueva Unión Ciudadana
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