Hay
algo que nos llama a tratar de participar políticamente con más voluntad y
compromiso. Es la pérdida creciente de libertad y respeto a una justicia
independiente que son la base y el
sustento de nuestro sistema democrático republicano.
Por
Juan Carlos Neves
Hace
pocos meses, tres hombres que participamos en política y cuya formación de
origen es militar, fuimos invitados por un grupo de suboficiales retirados a
reunirnos y tratar de coordinar esfuerzos para encaminar políticamente variadas
inquietudes que hacen a nuestra querida patria, entre que las que están, por
supuesto, las cuestiones vinculadas a la defensa y a sus
protagonistas. Luego de algunas reuniones convinimos en crear un espacio
político al que llamamos PODER SER,
nombre formado por la primeras letras de palabras que simbolizan y
resumen nuestro pensamiento, a saber: Paz, Orden, Defensa, Ética y
Republicanismo con Seguridad, Educación y Responsabilidad.
También
convinimos en que este espacio político, inaugurado inicialmente por dos
partidos (en fase de formación y recuperación de personería) Nueva Unión
Ciudadana y Defensa de Nuestra identidad y del Movimiento Republicano Cívico
Militar, debe estar totalmente abierto a la incorporación de todos aquellos que
compartan los valores y principios que declaramos, ya que el futuro de la
Argentina pasa por una unión y participación amplia y generosa.
Es
posible que muchos se pregunten si es necesario construir nuevos espacios en
medio de una oferta política sobredimensionada pero la respuesta es que raramente
encontramos diferencias de fondo entre las propuestas gubernamentales y la de la mayoría de los partidos que se
dicen opositores. Es sorprendente el mayoritario apoyo que encuentran
propuestas socialmente destructivas como la de despenalización de la droga,
absurdos tales como hablar de “genero asignado al nacimiento” según menciona la
Ley de Identidad de Género 26743, de reciente sanción, como si la enunciación
de lo que la naturaleza muestra fuera un capricho o una imposición de un
burócrata. Tampoco olvidamos los variados proyectos de despenalización del
aborto, presentados con apoyo de representantes de casi todas las bancadas o la
entusiasta desvalorización del matrimonio, ya iniciada al extender esta
figura a las uniones de personas del
mismo sexo y ahora totalmente desvirtuada en el nuevo proyecto de Código Civil.
Tampoco estuvieron exentas de apoyo multipartidario leyes como la
expropiación de YPF o la confiscación de
los fondos de las AFJP efectuada sin atender a la opinión de los usuarios que
eran (ya no son) los auténticos dueños
de los dineros ahorrados para su jubilación.
Por
formación y convicción también tenemos en el nuevo espacio preocupación por los
ignorados problemas del área de la Defensa que se ven magnificados por la impunidad
con que los británicos operan sin restricciones ni preocupaciones en el
Atlántico Sur (se permiten hacer saber el envío de submarinos nucleares y
situar plataformas petroleras en aguas
jurisdiccionales argentinas) y por supuesto creemos que la problemática de la
seguridad no puede seguir degradándose en todo el territorio nacional y en sus fronteras. Solo en el breve lapso de
una semana tuvimos además de los asesinatos cotidianos en situación de robo y
los secuestros extorsivos, los crímenes y los desbordes de violencia cometidos
por las llamadas “barras bravas”, asociaciones ilícitas que bajo el pretexto de
alentar a equipos de futbol han creado verdaderas organizaciones delictivas que
operan a la vista de todos y que han tenido hasta apoyo oficial en ocasión del
mundial de Sudáfrica. Y no faltó un frustrado intento de atentado con
explosivos en el lugar de presentación del ex presidente de Colombia, Uribe,
que sin perjuicio de las dudas creadas
por el juez Oyarbide acerca de la
magnitud del aparato, demuestran que el terrorismo subversivo traspasa
fronteras y las nuestras, en particular,
tienen una extraordinaria
permeabilidad.
No
debería sin embargo sorprender demasiado esta permeabilidad fronteriza,
manifiesta también en la cantidad de cargamentos de droga que han comenzado a
ser decomisados en nuestro
territorio, si observamos el número de
gendarmes y perros adiestrados que están
dedicados a tareas tan impropias para su profesión como tratar de evitar la
compra venta de dólares. Es notable aseverar que no hay ley ni decreto que haya
modificado la libertad de cambio que autoriza la compra de hasta dos millones
de dólares mensuales (la misma suma que
hace unos años adquiriera el difunto ex presidente Kirchner). Tan solo se ha
establecido la obligación de consultar antes de cada operación si la AFIP la autoriza
y la mencionada repartición dice sistemáticamente que no valida tal
operación. Por este sencillo pero inicuo mecanismo se impide una operación
cambiaria lícita sin siquiera dar la cara
y admitir que se ha cerrado el
mercado de cambios por falta de divisas o por lo que fuere. El Senador Aníbal
Fernández, que ya no es Ministro pero que conserva algunas de sus atribuciones
como vocero oficial, ha dicho que las operaciones cambiarias son posibles para
quien tiene su dinero en blanco. Dadas las sobradas pruebas de que eso no
es cierto debemos deducir que ni aun el
señor Senador conoce las normas que verdaderamente se están aplicando en el
país. Este estado de cosas ha motivado la aparición de un mercado de cambios
informal en que la divisa llegó a superar el valor de los seis pesos y amenaza seguir afectando la economía además de la libertad. Similar procedimiento
de prohibición sin acto legal que lo valide se viene imponiendo a las importaciones,
incluyendo a las provenientes de vecinos regionales y miembros del MERCOSUR.
Hacia adentro del país esto produce múltiples inconvenientes y quejas de
empresarios y usuarios insatisfechos. Fronteras afuera las reacciones son más
graves y ya han provocado medidas de reciprocidad de Brasil y una presentación
formal ante la Organización Mundial del Comercio por parte de la Unión Europea.
Las respuestas oficiales han sido infantiles, señalando que se nos censura por
prácticas que otros países también ejecutan pero sin reparar que la falta de
oficialización de las medidas, que pretende evitar represalias, es justamente
lo que no se perdona porque priva de conocer las reglas de juego vigentes e impide todo tipo de planificación y
prevención.
Tampoco
encontramos propuestas políticas que indiquen la existencia de un planeamiento
estratégico que apunte a la solución de los graves problemas estructurales que
nos afectan. El gobierno, por el contrario, hace gala de improvisación
permanente, de lo que ha dado muestras una vez más esta semana al rescindir por
decreto la concesión a la Empresa de
Trenes de Buenos Aires (TBA) que operaba la línea en que murieron más de 50
personas en el choque de la estación del Once. Decíamos en nuestro informe del
26 de Febrero que TBA no podía seguir gerenciando el servicio pero también que
era imprescindible elaborar un plan urgente para solucionar los graves
problemas detectados y dar seguridad al servicio, para lo cual mencionamos
algunas medidas básicas. El gobierno demoró más de 90 días en adoptar una
resolución respecto a TBA pero luego simplemente atinó a conceder el servicio a
otras dos empresas sin trámite licitatorio ni enunciado de plan alguno. Detrás
del gobierno tampoco escuchamos planes alternativos de otros sectores que
coinciden en la crítica pero que dejan dudas
acerca de su capacidad para solucionar los problemas de fondo.
Sin
embargo, hay algo que nos llama más que todo esto a tratar de participar
políticamente con más voluntad y compromiso. Es la pérdida creciente de
libertad y respeto a una justicia independiente que son la base y el sustento de nuestro sistema democrático
republicano. En materia de libertad de expresión se cierra el círculo de
presión sobre los medios no controlados
por el gobierno con el fallo de la Corte Suprema que acaba de fijar para fin de
este año el cese del amparo que impedía
el desmembramiento del grupo Clarín. Curiosamente el gobierno no ha
exigido el cumplimiento de la desinversión a otros grupos que le son afines,
demostrando una parcialidad que no requiere de mayores pruebas a la luz de la
burda campaña desarrollada bajo el título
“Clarín miente” que ha tenido la desvergüenza de llevar hasta a la
misión comercial en Angola. En materia económica, bajo la excusa de evitar la
salida de dólares y fiscalizar su compra la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) ha creado
nuevas normas que obligan a informar mediante el llenado de un formulario a
quienes viajen al exterior con paquetes comprados en agencias. Esta sucesión de
normas ya va adoptando el carácter de un acoso fiscal insostenible.
Pero
lo más grave es, sin dudas, la extensión constante de la persecución judicial
fundada en la supuesta comisión de delitos de “lesa humanidad”. Quienes
pensaron que la aplicación de leyes retroactivas y la inclusión desmesurada de
figuras delictivas bajo la figura de “lesa humanidad”, efectuada a fin de
puentear las prescripciones, era aceptable porque sólo alcanzaba a un grupo de
militares, se están enfrentando ahora a la amarga realidad de que esta
modalidad no tiene límites. Primero fueron los directivos de Papel Prensa,
siguieron jueces que no se sumaron a la onda persecutoria y ahora ya arremeten
contra variados empresarios entre los que
fueron citados los directivos del Ingenio Ledesma. Mientras tanto los
juicios contra militares, que según pidió la señora presidente debían finalizar
durante este período de gobierno, siguen sumando detenidos y agravios
judiciales. Poca libertad tienen los jueces al respecto cuando el Congreso ha
felicitado a los jueces que votaron condenas, el presidente de la Corte Suprema
ha justificado los juicios porque son política de Estado y se ha denunciado a
los jueces que supuestamente no actuaron con la necesaria diligencia. Cuando
definimos nuestro espacio comenzando con la palabra Paz (con mayúsculas)
pensamos no solo en la paz interior y el imperio de la justicia como medio de la resolución de conflictos sino también
en eliminar las antinomias y las
acusaciones que vienen desde el pasado y que al ser dirigidas hacia un solo
sector se parecen mucho más a una revancha que a una sincera búsqueda de
justicia.
Si
usted se pregunta qué queremos Poder
Ser, la respuesta es que queremos ser una gran nación en que imperen la paz, la
libertad, el bienestar y una justicia
para todos.
Me
despido con un abrazo y con la esperanza de que el mensaje del Cardenal Bergoglio del día 25 de Mayo, día de la Patria, haya calado en
los corazones de quienes tienen poder de decisión.
Juan
Carlos Neves, Presidente de Nueva Unión Ciudadana
