Nos,
los ciudadanos de la amada nación Argentina, comenzamos a fatigarnos de esta
insensata manera de vivir nuestra cotidianeidad y, en consecuencia, es hora que
mostremos nuestra voluntad de expresarlo.
Por
Juan Carlos Neves
Refugiados
detrás de las rejas con que tratamos vanamente de proteger nuestros
hogares, alarmados por la violencia
criminal, angustiados por el aumento incesante de los precios de los productos
más necesarios y por la voracidad con
que se incrementan los impuestos, las tasas y los peajes, incrédulos por
el espectáculo de degradación
institucional que se expone sin pudor ante nuestros ojos y hartos de que las
actitudes de nuestros gobernantes nos enemisten con todos los países con que
gozábamos de una fraterna relación, Nos, los ciudadanos de la amada nación
Argentina, comenzamos a fatigarnos de esta insensata manera de vivir nuestra
cotidianeidad y, en consecuencia, es hora que mostremos nuestra voluntad de
expresarlo. No debemos olvidar que el
ciudadano es, por definición, el
habitante del Estado como sujeto de derechos políticos y que interviene ejercitándolos en el gobierno
de su país. No somos, por lo tanto, observadores pasivos que cerramos nuestra
actuación con la emisión de un voto sino agentes activos de la sociedad que
lamentablemente estamos en este momento, rodeados desde todos los frentes, por un accionar a veces
violento y otras veces persuasivo, pero siempre apuntado a que grupos pequeños
y egoístas permanezcan disfrutando de los beneficios de un poder ejercido en su
exclusivo beneficio y que lejos está de propender al bien común.
En
una sola semana, se han generado múltiples hechos que justifican cada párrafo
de lo expresado y que se suman a una situación que lleva ya años pero que ha comenzado
a empeorar aceleradamente.
El
espectáculo brindado por el señor vicepresidente, que respondió a las
acusaciones por tráfico de influencias y lavado de dinero acusando al juez, al procurador general de la
nación y al presidente de la Bolsa de Comercio de integrar organizaciones
mafiosas y destituyentes, fue muy fuerte y de una gravedad institucional
inusitada. Esta semana, el señor Amado Boudou llevó sus acusaciones a la justicia y al Consejo de la Magistratura apoyado
por un fuerte respaldo gubernamental. El
procurador general, lejos de defenderse, renunció aceleradamente a pesar de ser
un hombre fuertemente ligado al oficialismo. El haber sido el redactor del
decreto que en 1973, al inaugurarse el gobierno de Héctor Cámpora, permitió la salida de las cárceles de los
terroristas condenados por la justicia, en lo que constituye quizás uno de los
hechos más vergonzantes y con
consecuencias más terribles en la historia de la justicia argentina, no fue
impedimento para que el señor Esteban Righi fuera designado a cargo de los
fiscales nacionales, ni para que el estudio que integraban sus familiares
defendiera a importantes funcionarios entre los que se incluyen el presidente
que lo había designado. Sin embargo,
todo eso fue insuficiente para protegerlo por no haber sabido, podido o
deseado, frenar las acusaciones de corrupción contra el vicepresidente de la
nación. El señor Boudou no tuvo empacho en confesar que hace más de dos años,
desde el estudio ligado al procurador general, le habían pedido dinero para
manejar situaciones procesales y que recién ahora (quizás al percibir que no
gozaba de impunidad) había decidido formular la acusación que como funcionario
público estaba obligado a efectuar. También se hizo evidente que había aceptado
que un abogado recibiera consejos del juez mientras el mismo parecía querer
ayudar a su causa pero que ahora, al ver complicada su situación por un
allanamiento, llevaba el caso al Consejo de la Magistratura. De paso, también
trató de sacarse de encima al fiscal que hasta ahora es la única figura que se
muestra insobornable e intocable.
Detengámonos
aquí. Apartemos la vista de cada árbol que nos limita el horizonte y tratemos
de ver el bosque de corrupción, indecencia y suciedad que evidencia esta trama.
Se trata de algunas de las máximas figuras del poder ejecutivo y judicial,
enredadas en acusaciones mutuas que van desnudando el grado de deterioro que
alcanza la justicia y que solo se revela
cuando por causas fortuitas, como fue la denuncia de la enojada esposa de un
abogado que, según ella, era el testaferro del vicepresidente, llegan a la luz
pública de la mano de un fiscal que no se dejó comprar ni impresionar. Ante
esta situación es lícito preguntarse cuántos casos de corrupción fueron
resueltos de espuria forma, cuán degradado está el sistema judicial y si no
sería necesario que fueran investigados los sobreseimientos de todos los
funcionarios que fueron defendidos por el estudio de abogados ligado al ex
procurador general. Por último, y ya con un remate que parece una burla a la
ciudadanía, se propone como relevo del
renunciante a un militante del partido del oficialismo, de probada relación con
el señor vicepresidente y él mismo con acusaciones ante la justicia. Por favor,
paremos de avergonzar a la nación. El señor vicepresidente debería seguir el camino del señor procurador general y la
oposición debería juntar sus escasas fuerzas para evitar que el señor Reposo
ocupe un cargo que no se corresponde con
su perfil. Esto es lo que debemos pedir los ciudadanos, por el bien de nuestra
castigada república.
En
el frente social, la sensación de estar rodeados tiene incluso una mayor
realidad física. Basta montarse en un vehículo y tratar de ingresar a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para experimentar la sensación de caer en una trampa
de cortes, sin salida ni escapatoria. Se cortan las calles por problemas
gremiales, vecinales o políticos. A lo largo de más de ocho años el gobierno
nacional permitió que se instalara el concepto de que la única forma de hacerse
oír y atender, era con cortes y manifestaciones callejeras, a las que
concedió no solo impunidad sino también licitud. Hoy le resulta imposible
controlar tanto desorden y los que transitan por Buenos Aires sufren las
consecuencias. Vale aclarar que los que quisieron cambiar la suerte y trasladarse por medios públicos, se
encontraron con paros de subterráneos, la huelga de los choferes de la línea 60
y el masivo destrato de los ferrocarriles nacionales.
En
el conurbano no fue más tranquila la semana. Por insólito que parezca aun hay
barrios sin electricidad desde la lejana tormenta de hace casi dos semanas, con
vecinos que están en estado de rebeldía
cortando caminos y encendiendo fuegos. Por la misma razón, hay numerosas
escuelas que no dictan clases y un reclamo generalizado para que todas aquellas
autoridades provinciales, municipales y hasta nacionales, que se apretujan en
los barrios cada vez que se trata de
anunciar alguna pequeña obra, hagan ahora acto de presencia para mostrar su
compromiso y acercar las soluciones que
las empresas de servicios no consiguen coordinar.
A
pesar de que cada vez es más difícil trasladarse, los peajes de todas las
autopistas se incrementan sin cesar. En ocasiones, luego de pagar un peaje a
todas luces desproporcionado se transitan unos pocos metros antes de caer en un
intransitable embudo de vehículos. El
único espacio ampliado es el de las cabinas de cobro del peaje, luego de ellas
aparece el caos y la trampa cotidiana. Los servicios son deficientes, pero los
gobernadores e intendentes, sin embargo, demuestran una imaginación notable
para aumentar impuestos y tasas. Lo escribo mientras contemplo el pequeño
jardín de mi casa y me pregunto qué
maravillas que ignoro habrán sucedido para que la valuación fiscal del inmueble
haya aumentado un 74 por ciento desde el año pasado sin que yo le haya hecho el
más pequeño cambio o arreglo. Me consuelo pensando que es una pregunta
generalizada y sin respuesta, que se hacen millones de contribuyentes que cada
mes pagan más por recibir menos.
Nos
queda por mencionar un frente más, desde el que la sensación de estar rodeados
de hostilidad se hace más evidente y que es el frente externo. Si bien es el
gobierno de Argentina quien ha agotado su crédito con amplios sectores de la
comunidad internacional, las consecuencias negativas de esta actitud nos afectan a todos los que
habitamos este generoso suelo. Internamente, nuestro ejecutivo se burla de las
normas y las limitaciones o las rescribe
a su antojo pero externamente rigen otras reglas cuya violación tiene su
precio. Ya las organizaciones internacionales se niegan a aceptar nuestras
estadísticas de inflación y crecimiento por su evidente inexactitud. El Fondo
Monetario Internacional, del cual somos voluntariamente socios por nuestra propia
conveniencia, ha decidido que auditará nuestra economía en forma compulsiva y
sin nuestra participación porque esa auditoría forma parte de los compromisos
de los socios. Los Estados Unidos nos quitaron ciertas preferencias
arancelarias por no cumplir un fallo del Centro de Controversias
Internacionales (al que acudimos en forma voluntaria) que beneficiaba a
empresas de su país. La forma tosca e indiscriminada en que limitamos las
exportaciones, sin respetar los convenios ni los usos internacionales a los que
adscribimos, ha motivado la protesta de decenas de naciones en la Organización
Mundial de Comercio, paso previo a un pedido de sanción. Esta actitud con
respecto al comercio externo está afectando también nuestras relaciones con los
países de la región y aun con nuestros socios del MERCOSUR. La última
“picardía” de nuestro gobierno ha sido
dejar trascender su disposición a recuperar el control de la empresa
petrolífera YPF que ahora está en manos de la española REPSOL sin pagar su
valor de mercado. Podemos debatir si la
decisión de re estatizar es acertada y oportuna y coincidir en que es
una empresa que no debió ser privatizada pero lo que no podemos evitar, luego
de haber recibido los fondos por su
venta, es reincorporarla al estado nacional sin pagarle a sus actuales
dueños. Lo contrario es una confiscación, lisa
y llana, y tendrá severas
consecuencias internacionales para nuestro país.
Advertimos
la gravedad de este tema a medida que los señores gobernadores comenzaron a
quitarle áreas a YPF en forma rápida e
inconsulta. Cuando la maniobra se hizo pública y evidente se produjo la
ineludible reacción y las advertencias y
amenazas llegaron desde diversas fuentes. Por supuesto de España con mucha
dureza (el tema lo leí en las tapas de 20 diarios españoles), desde el seno de
la Unión Europea y desde diversos países que tienen también intereses en
REPSOL. La magnitud de la reacción desconcertó a los inexpertos funcionarios
locales, incapaces de entender las
reglas del sistema que impera en el mundo, y apagó abruptamente la emisión de la promocionada decisión. Dicho
en forma sencilla, hicimos un papelón internacional que pone al gobierno ahora
en una disyuntiva: comenzar una tardía negociación reconociendo su error o
seguir adelante y terminar de aislarnos
y perjudicarnos en nuestras relaciones exteriores.
Cuando
decimos que estamos rodeados, surge de inmediato preguntarse quien nos rodea.
La respuesta es que nos rodean la corrupción, la incompetencia y en muchos
casos la malevolencia que afecta tanto a nuestro frente interno, en lo
institucional y social, como al frente externo que nos relaciona con el mundo.
Como ciudadanos tenemos la obligación y la responsabilidad de tratar de romper
el cerco que nos rodea, señalando,
denunciando y manifestando pacíficamente en este período y
organizándonos políticamente para tener las herramienta jurídicas que nos permitan competir en las próximas
elecciones para nunca más tener que
depender de viejos políticos desgastados a la hora de construir nuestro futuro.
Un
abrazo para todos
Juan
Carlos Neves, Presidente de Nueva Unión Ciudadana